TIPNIS: Indígenas víctimas de represión en 2011 piden masiva presencia en “reconstrucción”

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Los dirigentes del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure (TIPNIS) buscan garantizar la presencia de al menos 300 de los más de 500 indígenas de esa Tierra Comunitaria de Origen (TCO) que fueron parte de la octava marcha, para la reconstrucción de la violenta represión policial que sufrieron el 25 de septiembre de 2011, los marchistas en la zona de Chaparina del departamento del Beni.

chaparina golpiza del gobierno a indigenasEl Ministerio Público anunció para el mes de agosto la reconstrucción de los hechos, sin embargo, los dirigentes del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) solicitarán que el mismo se dé el 20 de agosto para tener el tiempo suficiente y convocar a los indígenas y puedan trasladarse de sus comunidades.

La presidenta de la Subcentral Mujeres TIPNIS, Julio Molina, informó que las regionales se encargarán de convocar a los indígenas de la  caminata que partió el 15 de agosto de 2011, desde Trinidad hasta la ciudad de La Paz, en contra de la construcción del tramo dos de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos en medio de la zona ecológica.

Chaparina: golpiza a cientos de indigenas

Chaparina: golpiza a cientos de indigenas

“Nosotros vamos a estar yendo el 20 de agosto allá a Chaparina, a veces la Fiscalía nos invita dos, tres días antes, pero como nosotros la mayoría vivimos en las comunidades no hay tiempo para salir, por eso hemos enviado la solicitud para que sea el 20 de agosto (la reconstrucción de los hechos). Todas las regionales se van a encargar de que vayan alrededor de 300 personas, ojalá que podamos convocar esa cantidad”, declaró a la Agencia de Noticias Indígenas de Erbol.

Molina reiteró que se garantiza la presencia de los marchistas, si la reconstrucción se da el 20 de agosto.

“Si se va hacer par el 20 de agosto nosotros vamos a participar del TIPNIS, de Riberalta, de Santa Cruz, de todos lados, todos los que podamos ir para la reconstrucción de Chaparina (…) Pedimos que sea para el 20 de agosto porque hay que buscar recursos para que los hermanos estén acá (en Trinidad) y para que de acá vayamos a Chaparina”, puntualizó a Erbol.

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La defensa del TIPNIS

Indígenas en resistencia TIPNIS junio 2013Entre agosto y octubre de 2011 cientos de hombres, mujeres y niños indígenas de las tierras bajas y tierras altas de Bolivia marcharon durante 65 días como medida de protesta, contra el proyecto carretero que a lo largo de 300 kms. buscaba atravesar el núcleo del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) para unir los departamentos de Cochabamba y Beni. Los pueblos indígenas Yuracaré, Moxeño y Chimán propietarios de este territorio selvático denunciaron que la doble protección del TIPNIS como parque y como Tierra Comunitaria de Origen (TCO) protege al área de megaproyectos; también apelaron a su derecho constitucional e internacional de consulta previa para aprobar o rechazar el proyecto carretero, promovido por el Gobierno de Bolivia, financiado por el Gobierno de Brasil y ejecutado por la empresa brasileña OAS por un costo de 415 millones de dólares.

En septiembre de 2011, en un intento por evitar que la movilización prosiga hasta la sede de Gobierno, campesinos colonizadores y un fuerte contingente de policías frenó la marcha en Beni, en San Miguel de Chaparina, durante dos semanas aproximadamente, cercándola y privándola de ayuda humanitaria, de agua, medicamentos y alimentos, como denunciaron los mismos marchistas, instituciones de derechos humanos y ONG.

En estas circunstancias el 24 de septiembre llegó el Canciller hasta el lugar sin una respuesta positiva para las demandas de la marcha, sino para afirmar la posición presidencial de llevar a cabo el proyecto. Frente a esto las aproximadamente 400 mujeres marchistas reaccionaron ante la incierta situación, que incluso comprometía la salud de los 250 niños y niñas que acompañaban a sus familias en la caminata, y rodearon al Canciller incitándolo a que acompañe la marcha y se atraviese el cerco policial. El dirigente del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), Rafael Quispe, relató que en el proceso de diálogo, “el Canciller dijo que estén los colonizadores y nosotros dijimos que no, porque el Estado tiene que atender las demandas de los marchistas; luego dijo que iba a comunicar para que se desbloqueen en el puente de San Lorenzo. Respondimos que ya son más de 40 días de marcha y que íbamos a continuar, en ese momento él indicó muy bien, entonces acompañaré la marcha”, declaró.

El ex ministro Sacha Llorenti y la ex ministra Nilda Copa hicieron una denuncia ante el Ministerio Público por el supuesto “secuestro” del Canciller; mientras el Canciller declaró a medios internacionales y nacionales: “las mujeres me han rodeado y luego ya ha habido problemas. Ha habido algunos amagos y me han forzado, me han obligado a caminar”. Declaraciones que en ningún momento mencionaron que hubo un “secuestro” ni “rehenes”, como las otras fuentes gubernamentales afirmaron.

La violenta represión a las y los indígenas

Chaparina golpiza a mujeres indígenas por orden del gobierno

Chaparina golpiza a mujeres indígenas por orden del gobierno

Sin previo aviso y mientras los marchistas descansaban, un día después la tarde del 25 de septiembre comenzó el operativo de represión y dispersión de la marcha. Un contingente de aproximadamente 600 policías cercó a los indígenas, gasificó el campo que ocupaban y violentamente los redujeron y obligaron a abordar una caravana de buses y camionetas, el resto huyó internándose en el monte, en un caos de asfixia y golpes contra hombres y mujeres, muchos fueron enmanillados y amordazados con cintas adhesivas, sobre todo los y las dirigentas indígenas que impotentes no pudieron oponer resistencia.

Yolanda Herrera, presidenta de la APDHB, denunció que el día de la represión se registraron al menos 54 personas con heridas graves, de ellos tres hombres tenían “los pies destrozados por los golpes, además de heridas en las costillas y la cabeza”. Nazareth Flores, vicepresidenta Central de los Pueblos Indígenas del Beni (CPIB), testimonió: “Al final me maniataron y me tiraron en una camioneta, luego me bajaron y me subieron a un bus. En la flota vi a varios compañeros amarrados. Pero toda esa acción de la Policía no nos derrumbó”.

Mientras Yoriko Yasukawa, en ese entonces coordinadora residente de las Naciones Unidas en Bolivia declaró al respecto: “Recordar a las autoridades, a todos los niveles, que tienen la responsabilidad primero de que se pare esta violencia y que se respeten los derechos de las personas, la dignidad de las personas indígenas marchistas”.

Sacha debe ir a la cárcelPese a que se iniciaron procesos judiciales e investigaciones para esclarecer esta violación de derechos humanos y este acto de secuestro, tortura, agresión física y verbal a las y los marchistas, las pesquisas no han prosperado y el Gobierno se empecina de librar de culpa a las autoridades de ese entonces, incluso a nombrado al entonces ministro de gobierno, Sacha Llorenti, como embajador de Bolivia ante la ONU, apoyando su salida de Bolivia para evitar que rinda cuentas a la justicia.