Ley Minera del MAS: Privatista y anti-indígena

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POSICIONAMIENTOS E INVESTIGACIONES SOBRE LA MALDITA LEY MINERA DEL GOBIERNO DE EVO MORALES: 

Ley Minera del MAS: Privatista y anti-indígena

– CEDLA –

La propuesta de proyecto de Ley Minera fue elaborada en consenso por una comisión compuesta por representantes del Ministerio de Minería y Metalurgia, de la Comibol, de la Asociación Nacional de Mineros Medianos, de la Cámara Nacional de Minería, de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras, de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros y de la Autoridad General Jurisdiccional Administrativa Minera, es decir, compuesta por una mayoría de representantes de los actores privados. Salta a la vista el marginamiento de los pueblos indígenas, principales afectados por la actividad extractiva

En el actual contexto de la minería es evidente el amplio dominio de los sectores privados en la producción. Al no haberse nacionalizado las empresas operadas por capitales transnacionales, ni realizado reformas importantes en la normativa relativa a la propiedad y el control de las actividades mineras, las principales empresas extranjeras siguen siendo responsables de alrededor de tres cuartas partes de la producción de concentrados. Paralelamente, la política de fomento y apoyo gubernamental a las cooperativas ha permitido que dicho sector —compuesto en parte por verdaderas empresas privadas basadas en la explotación de trabajo asalariado— ocupe el segundo lugar en la producción. Contrariamente, la participación estatal a través de Comibol es marginal y alcanza apenas al 3% de la producción de minerales.

La producción de las empresas extranjeras está concentrada en pocas empresas: Minera San Cristóbal S.A. (mina San Cristóbal), SinchiWayra S.A. (minas Porco, Bolívar, Poopó y Caballo Blanco), Empresa Minera Manquiri S.A. (mina San Bartolomé) y Pan American Silver (mina San Vicente). Estas operaciones mineras, excepto San Cristóbal, se realizan en áreas pertenecientes a Comibol bajo contratos de riesgo compartido o de arrendamiento. En el último año, el gobierno ha procedido a la transformación de algunos de esos contratos en contratos de riesgo compartido que mejoran la participación estatal en las utilidades a cambio de garantizar la presencia del capital transnacional en el país por muchos años más.

Las cooperativas también trabajan en áreas pertenecientes a Comibol bajo contratos de arriendo y en concesiones propias. El número real de cooperativas es un misterio.Aunque la información oficial sólo da cuenta de la existencia de 640 cooperativas agrupadas en 11 federaciones para el año 2010, algunos especialistas estiman el número de éstas en más de 1.600, la mayoría de las cuales se habría creado a partir de 2006, año en que Evo Morales asume el gobierno. Su peso electoral y su capacidad de movilización, les han permitido obtener una serie de ventajas económicas del gobierno, tales como la entrega a título gratuito de equipos y maquinaria pertenecientes a Comibol (empresa en cuyo directorio tenían participación hasta hace no mucho), la otorgación de recursos a fondo perdido para créditos, la creación de instituciones y mecanismos para facilitarles la comercialización, la rebaja y exención de impuestos y, principalmente, la concesión de áreas mineras de explotación, incluso de aquellas arrebatadas a propietarios privados.

En el caso de la empresa estatal su participación en la producción se limita a los centros mineros recuperados por los trabajadores asalariados de manos de empresas extranjeras: Huanuni y Colquiri. En el último tiempo, el gobierno ha amenazado con revertirlas nuevamente a propiedad privada si sus utilidades no son lo suficientemente elevadas como para justificar su administración estatal.

Alineado al discurso gubernamental de la Economía Plural, que concibe la posibilidad de que en el capitalismo se dé la convivencia y el desarrollo armónico de los diferentes modos de producción, la ley minera propugna la participación de los diferentes productores en igualdad de condiciones, en condiciones de competencia mercantil. Paradójicamente, el proyecto elimina la posibilidad de que los pueblos indígenas participen en condición de tales, como actores mineros. El proyecto establece que todas las personas con capacidad jurídica pueden ser sujetos de la minería aunque no necesariamente actores. Los sujetos son todos los que están ligados a ese sector, ya sea como beneficiarios o afectados, pero una persona para ser actor minero con derecho a desarrollar actividades mineras tiene que organizarse necesariamente en una de las tres formas que reconoce la ley: industria estatal, industria privada y cooperativa. De esta manera, la norma estaría obligando a los pueblos indígenas a asumir una forma organizativa propiamente mercantil capitalista abandonando su naturaleza social colectiva. En otras palabras, a contra-ruta de lo que señala el discurso oficial del “socialismo comunitario” se prioriza la vigencia y la difusión de la relaciones capitalistas antes que las formas colectivas. Finalmente, de manera general se plantea que la norma garantiza el cumplimiento y respeto de los derechos laborales y de los aspectos ambientales.

Documento completo: http://es.scribd.com/doc/217372369/Control-Ciudadano-26-1

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Noticia enviada por Londra

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