El Salvador, amenazado por un tribunal privado

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Representantes de El Salvador: Marcos Gálvez, Yanira Cortez, el abogado Dominique Neuman y Nathalie Guay.

Representantes de El Salvador: Marcos Gálvez, Yanira Cortez, el abogado Dominique Neuman y Nathalie Guay.

Los más de 3 mil tratados de libre comercio que se han firmado en los últimos cinco lustros, lejos de traer beneficios a los países en vías de desarrollo los han puesto de rodillas ante los capitales internacionales, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos son letra muerta, y muchos países están siendo devorados por tribunales internacionales creados por la banca mundial para someterlos a sus caprichos.

Tal es el caso de El Salvador quien se encuentra en medio de un proceso arbitral promovido por la empresa canadiense-australiana Oceana Gold-Pacific Rim quien le exige una indemnización millonaria por negarle permisos de explotación minera.

En el marco de una conferencia organizada en Montreal para denunciar el caso Oceana Gold-Pacific Rim, Nathalie Guay, integrante de la Confederación de Sindicatos Nacionales (CSN), explica que los mecanismos de protección de las inversiones extranjeras son instrumentos para la privatización del bien común y que los tribunales internacionales privados son los verdugos que, apoyados en cláusulas de jurisdicción impuestas en dichos tratados, se encargan de velar por los intereses de las empresas transnacionales.

Por su parte Yanira Cortez Estévez, procuradora adjunta del Medio Ambiente de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, denuncia cómo Oceana Gold ha demandado a El Salvador ante un tribunal internacional privado, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), creado por el Banco Mundial en 1966.

Según la funcionaria, dicha empresa pretendía obtener un permiso de explotación minera, el cual pone en riesgo el ecosistema al destruir las reservas de agua potable en El Salvador. Por tal motivo, el pueblo y el gobierno salvadoreños negaron el permiso de explotación, pero Oceana Gold, apoyada en las cláusulas del capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, exigió ante el CIADI el pago de una indemnización por los perjuicios y pérdidas generadas por la denegación del permiso.

El monto reclamado por la empresa asciende a 301 millones de dolares, lo que representa el presupuesto para educación, salud y seguridad que El Salvador destinaría en tres años. El gobierno salvadoreño espera un laudo en su contra ya que sabe que el CIADI es un tribunal creado para proteger los intereses de los inversionistas transnacionales en detrimento de los países en vías de desarrollo.

Por este motivo, Yanira Cortez y Marcos Gálvez presidente de la Asociación por el Desarrollo de El Salvador (CRIPDES), están de gira por Canadá para entrevistarse con legisladores federales, organizaciones sociales y medios de comunicación, denunciando los abusos que se cometen en perjuicio del pueblo de El Salvador, por parte de los empresas transnacionales y los tribunales internacionales privados que han encontrado en los instrumentos legales un mejor negocio para destruir su patria, ya que no sólo es la devastación del ecosistema, ni las ventajas que obtienen de dar sólo 2% de las ganancias sino el abuso de los instrumentos legales usadas como negocio.

(Escuche audios en www.latitud45.ca )

Informe de Mauro Huerta