Ecuador: Liberan a indígenas Waorani acusados por el Estado de masacrar a otro pueblo indígena

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Un grupo de mujeres waorani los esperaba en el coliseo de la comunidad de Dicaro, en plena selva ecuatoriana. Cantaron en idioma wao tedeno y dieron la bienvenida a cinco procesados por la matanza de un clan taromenane, en marzo del 2013.

Los cinco se reencontraron con sus familias y amigos tras 10 meses de detención. Ellos vestían pantalonetas, camisetas y zapatos deportivos negros. En sus mochilas llevaban la ropa que utilizaron en la cárcel y botellas de agua para hidratarse del calor: 30°. La travesía de 150 km, para llegar a su pueblo duró seis horas tras salir del hotel en el que se hospedaban en El Coca. Primero recorrieron la carretera que conecta la capital de Orellana con Pompeya. Allí tomaron una lancha que cruzó el río Napo para embarcarse en un bus que los llevó a su comunidad.

Mientras viajaban conversaban que su vida cambió tras dejar su entorno y vivir en una cárcel, en donde comían arroz, carne de res, chancho, pollo y camarón. “Es difícil acostumbrarse a estas comidas y al principio nos dolía el estómago. También nos daba diarrea”, recordaba Tague C., de 55 años. Sus oídos tienen grandes perforaciones que lo identifican -según la cultura Waorani- como el mejor cazador y guerrero de su etnia. A Ricardo N. le daba nostalgia la caza, la pesca, la agricultura y su casa construida con hojas de árboles, que tiene piso de tierra. “En la mita tenía un fogón para cocinar. Yo extraño ese calor”, decía. Apenas llegue a su tierra -contaba el indígena- tenía previsto cocinar pescado y mono chorongo para compartir con su esposa e hijos.

Waoranis en libertad condicional tras un año de detención

Waoranis en libertad condicional tras un año de detención

Como parte de la bienvenida, los cinco tomaron chicha de yuca en lavacaras de metal. Los wao más antiguos hicieron lo mismo y les daban consejos al oído. Los cinco escuchaban y asentían con sus cabezas en señal de aprobación de lo que les decían los indígenas de mayor edad de su comunidad. Un grupo de mujeres se pintó la cara. Les rodearon a los procesados mientras estos fumaban y conversaban con sus amigos. Les cantaban en coro otras canciones ancestrales: “tras estar tan lejos, se vuelven a encontrar con lo que quieren”, repitieron más de 10 veces. Dirigentes de la comunidad explicaron que este domingo se define la fecha en la cual se realizará el ritual de castigo por lo sucedido en marzo del 2013.

Los cinco waorani desconocían lo que legalmente significa la revisión de medidas cautelares que dio paso el juez segundo de Orellana, Álvaro Guerrero, para que recuperaran su libertad. Tague C. y Ricardo N. no hablan español. Necesitaron del dirigente del pueblo Waorani, Armando Boya, para comunicarse. Ellos rechazaban la investigación realizada por el fiscal de este caso, Andrés Cuasapaz, quien argumentó que en la indagación se realizaron peritajes antropológicos, sociológicos y de interpretación cultural con base en las recomendaciones dadas por James Anaya, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Para Boya, quien participó en las negociaciones a favor de los cinco procesados, la investigación de la Fiscalía no tenía sustento y carecía de fundamentos. Sin embargo, ahora los 17 procesados (dos estaban prófugos) deberán presentarse cada 15 días ante un juez. Tampoco podrán salir del país, según las disposiciones de los jueces. Es decir, las investigaciones continuarán, pero de acuerdo a los “principios interculturales”. Boya acompañó a los indígenas procesados cuando estos salieron del Centro de Rehabilitación de El Coca-Orellana. En las afueras de ese lugar, ellos se abrazaron y caminaron hasta el hotel en donde se hospedaron la noche del lunes. En esos momentos, ellos contaban sus anécdotas y recordaban que cuando eran niños acostumbraban a jugar pelota en la cancha de tierra del pueblo. Con nostalgia decían que les encantaría volverlo a hacer. También, estaban preocupados porque habían perdido sus fuerzas. “No es lo mismo la comida de la selva que la de la ciudad. Nuestros músculos están débiles, las pantorrillas flacas, siento que nuestra sangre no fluye con la misma vitalidad”, contaba Tague C. junto a Ricardo N. La prioridad para Fernando O., Tani P. y Enrique C. es recuperar las energías. Por eso reforzarán sus caminatas en la selva y saldrán a pescar para conseguir alimentos que les den fuerza. Ellos utilizan anzuelos. Su especialidad es coger peces como cachamas, bagre o pirañas. Para prepararlos, los envuelven de sal o aliños y les introducen al fuego en hojas de maito. “Yo cosechaba yuca en mi casa. Ahora que volví, mi intención es sembrar en mi chacra para mis hijos y hacer chicha”, relataba Enrique C. Al finalizar la ceremonia de bienvenida, los cinco se dirigieron con sus hijos y esposas a sus viviendas. Para la madrugada de hoy tienen previsto salir de caza y retomar su rutina ancestral.

Del rito de la venganza al delito de asesinato colectivo

Taromenane muerto por venganza Waroani

Taromenane muerto por venganza Waroani

El proceso fue anunciado a finales del año pasado, cuando el fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, pidió la intervención de la CC, porque en el concepto tradicional de la nacionalidad waorani y sus costumbres ancestrales “se considera a la venganza como normal”, como un mecanismo para mantener “el equilibrio de la vida”. El proceso involucra a 12 sospechosos de la matanza de marzo del 2013 (siete están prófugos) y -entre otros- participaron dos peritos antropólogos que colaboraron en la investigación de los pueblos no contactados.

Pero la Fiscalía pide que el hecho sea juzgado por la justicia ordinaria, porque se trata de “un atentado contra la vida”, con una condena de entre 16 y 25 años de cárcel, conforme lo establece el artículo 441 del Código Penal para estos casos. “La Constitución dice claramente límites para esas jurisdicciones y estamos frente a un delito contra la vida (…).Estamos ante una aprehensión de dos menores que fueron captadas también en el lugar de los hechos y que una estaba en posesión de sus captores y la otra también…”, manifestó. Se refería a las dos niñas taromenane que también fue llevadas luego de la matanza. La Fiscalía, además, determinó en las investigaciones que la matanza se realizó con armas de fuego. Esto quiere decir que no se utilizaron las lanzas originarias de los pueblos no contactados que se confeccionan durante rituales ancestrales antes de ser utilizadas. Por eso, la entidad argumentó que se trata de un caso de genocidio.

Durante la exposición de Chiriboga, los abogados defensores de los inculpados lo escuchaban con atención y preparaban su documentación para exponer sus argumentos. Pazmiño fue uno de ellos e hizo tres planteamientos ante la CC. Una es que se decline la competencia porque así “se va a fortalecer este proceso de cooperación y coordinación que nos dice la Ley entre la justicia indígena y ordinaria”. La segunda es que la CC determine una pena atenuada en el caso de que se determinara que existe genocidio u otro delito contra la vida. La última es una salida negociada, en la que la Corte Constitucional y las autoridades de las organizaciones de la nacionalidad Waorani decidan una solución intercultural y consensuada del conflicto. “También aquí lograríamos esa coordinación entre la justicia indígena y la ordinaria”, precisó Pazmiño.

El contexto en el que viven

Waoranis en su territorio

Waoranis en su territorio

Para el pueblo huaorani, ver a siete guerreros de los suyos recluidos por más de 90 días en una cárcel es como tener a un “jaguar enjaulado, que si no muere de una enfermedad, lo hará de tristeza”. Esa frase expresada por el escritor Ima Nenquimo, luego de presentar su último libro Tagaeri-Taromenani: guerreros de la selva, define el sentir de la nacionalidad “huao”, que por primera vez enfrenta que 16 de sus miembros, de las comunidades de Dicaro y Yarentaro, sean acusados por la justicia ordinaria de genocidio, delito que da una pena de hasta 25 años.

A ellos se los acusa de haber participado, el 29 de marzo del 2013, en la matanza de un número aún no definido de indígenas no contactados protegidos por el Estado, que habitaban la selva amazónica de Orellana. La detención en Yarentaro en noviembre pasado de seis huaoranis y el rescate, en la misma acción policial, de una de las dos menores no contactadas secuestradas luego del ataque, son la segunda parte de una historia que a fin de mes está por cumplir un año y que tiene como antecedente el asesinato con lanzas del guerrero Ompore y su esposa Bogueney, en manos de no contactados el 5 de marzo del 2013.

Las explicaciones para entender el “lanceamiento” de los ancianos han sido múltiples: las presiones externas de petroleras, madereros y colonos sobre la selva de la que viven indígenas contactados y no contactados; el incumplimiento de una promesa de no invadir territorios de caza de los aislados; la venganza por la muerte de no contactados en el 2003; el ruido, las carreteras. Registros de la Nacionalidad Huaorani del Ecuador (NAWE) señalan que sus 48 comunidades en Pastaza, Orellana y Napo agrupan a alrededor de 3.000 miembros. En cambio, la población de los no contactados no sobrepasaría los 300 individuos.

Luego del ataque a los ancianos, un furioso hijo de Ompore decía en su lengua originaria (huao terero): “Mataré a todos los taromenanes”. Así lo recoge el libro Una tragedia ocultada, escrito por Milagros Aguirre y el misionero Miguel Cabodevilla. Cawetipe Yeti, entonces presidente de la NAWE, sabiendo de la tradicional venganza que generaba este tipo de hechos, afirma que advirtió a funcionarios del Ministerio del Interior que “una incursión con armas” para eliminar a los aislados se preparaba. “Nadie me hizo caso”.

La entrega de alambrados de malla que den seguridad a la población donde se dio el ataque, vivienda y educación para los hijos de los asesinados, entre otros, eran los compromisos gubernamentales para calmar los ánimos en Yarentaro, recuerda Alicia Cawiya, exvicepresidenta de la NAWE. Ella lamenta que “nada de lo que se ofreció se cumplió” y que el Estado “no asomó” para acompañar a los que quedaron.

Según la Fiscalía, poco después del ataque, guerreros con lanzas y escopetas se internaron en la selva para seguir la pista de los aislados. Siete días les habría tomado encontrar la casa, en la que mataron a los que pudieron. Ese sentido de justicia, desde su cosmovisión, devolvía el equilibrio a su mundo. Para Cabodevilla, no haber intermediado o enseñado a los huaoranis afectados otras alternativas ante la declaración de venganza es el principal fallo estatal para evitar la matanza. Agrega que no tener gente preparada en el tema dificulta el tratamiento de los problemas en la zona.

Ocho meses después de ocurrida la matanza, el caso pasaba de indagación previa a instrucción fiscal. El 27 de noviembre último, 6 de los 16 investigados eran apresados. El juez segundo de Garantías Penales de Orellana ordenó la prisión preventiva de estos huaoranis, quienes no entendían la figura de genocidio. Los seis eran llevados “por seguridad” a la nueva cárcel de Sucumbíos. A un mes de este hecho, otro indígena fue apresado en el mismo caso, mientras que los restantes involucrados son buscados por las autoridades.

La directora de la Fundación Alejandro Labaka, Milagros Aguirre, opina que “ahora el Estado ha actuado a medias”. La investigadora piensa que el problema se ha “reducido a un enfrentamiento tribal y a una historia policial”, por lo que ve con preocupación que el Estado aún no asuma su responsabilidad frente a lo ocurrido, que no ha hecho públicas sus falencias en el tema o no ha dado cuentas de las deficiencias del PMC, entre otros asuntos. El fiscal General, Galo Chiriboga, afirma que la muerte de no contactados y el secuestro de dos menores son delitos que “no deben quedar en la impunidad”. Defiende la competencia de la justicia mestiza en el caso, pues, sostiene, “se ha violado el derecho a la vida”.

Pese a ello, reconoce que no se pueden aplicar las normas de los mestizos en este proceso a un pueblo que tiene una cosmovisión distinta. El próximo 25 de marzo se realizará una audiencia en Coca, en la que la Fiscalía pedirá que el tema pase a consulta en la Corte Constitucional (CC). Lo que se necesita saber, según el fiscal, es cómo se aplicará una norma que permita sancionar de acuerdo a un contexto intercultural diferente al mestizo.

Cabodevilla afirma que el Estado ha tratado esta matanza como “un mero caso criminal (…). Lo ha dejado en manos de la Fiscalía. Esta primero lo intenta ocultar en lo que puede; luego, ante las evidencias, interviene a ciegas, comete mil contradicciones, hasta el momento actual en que tiene a unos presos, a otros no, y no sabe qué hacer con unos u otros. Y ahora, tras muchos meses, se le ocurre preguntar a la Corte Constitucional. Que puede decidir cualquier cosa, es una moneda al aire. Un año no les ha bastado para estudiar con alguna profundidad un caso”, sostiene Cabodevilla en una entrevista vía correo electrónico.

El abogado de los acusados, Andrés Acaro, asegura que una demanda contra el Estado en cortes internacionales será la única forma en la que se repararán las violaciones de derechos sufridos por sus clientes en la justicia local. Sin embargo, el tema divide a la dirigencia huaorani. Unos defienden la posibilidad de utilizar la justicia indígena para resolver el tema; mientras que otros creen que si se cometió un delito, son las leyes “cowori” (mestizas) las que deben sancionar el hecho. Para una “aplicación sensata de la justicia”, el antropólogo Teodoro Bustamante cree que las autoridades deben tomar en cuenta una serie de circunstancias atenuantes que rodean al caso. Nenquimo advierte que una pena no acorde con la cosmovisión huaorani agravará el clima de violencia en la zona. Dice que si los huaoranis cometieron errores, deben ser sancionados, pero también el Estado debe reconocer que nunca llegó a sus territorios para explicar sus leyes.

Fuentes:

http://www.eluniverso.com/noticias/2014/03/09/nota/2315906/guerreros-selva-presos

http://www.elcomercio.com.ec/actualidad/waorani-ecuador-audiencia-matanza-taromenane.html

http://www.elcomercio.com.ec/actualidad/waorani-taromenane-selva-orellana-medidas.html