¿Por qué la IX Marcha rechaza la Ley 222?

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VIII marcha tipnis llegando a la paz Roger Araoz

VIII marcha tipnis llegando a la paz Roger Araoz

1. ¿Cuál el objeto de la Consulta Previa?

Revisando la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos Indígenas, el objeto de la Consulta a los pueblos indígenas es cuando el Estado (en sus diversos poderes constituidos y niveles de gobierno) busca llevar adelante una medida administrativa o legislativa que les afecte.  ¿Cuál es la medida que quiere tomar el gobierno y que afecta a las comunidades del TIPNIS? La respuesta todos la sabemos, es la CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA.  Pero el Gobierno quiere preguntar sobre la INTANGIBILIDAD del TIPNIS ¿por qué no se centra en el tema de la carretera? ¿es acaso la intangibilidad un proyecto del gobierno? Sabemos que el término intangibilidad se introdujo en el texto de negociación de la Ley 180 y tuvo como fin proteger el TIPNIS de obras de infraestructura que afecten el rol de biodiversidad que cumple, por eso el Gobierno quiere anular el valor intangible del Parque Nacional. Dicho razonamiento supone una comprensión errónea de lo que significa la Consulta Libre, Previa e Informada como mecanismo que permite defender los derechos colectivos de los pueblos indígenas. La Ley 222 y el Protocolo son medidas legislativas que afectan a las comunidades indígenas del TIPNIS y por ello no es posible su promulgación sin ir a un proceso de consenso.  Allí se violaron los principios de la Consulta.

2. ¿Por qué el Gobierno no respeta a las organizaciones indígenas?

Se está buscando llevar adelante un proceso de Consulta donde el gobierno no reconoce a todas las autoridades del TIPNIS legítimamente reconocidas, negocia los términos del Protocolo con un sector que está a favor de la carretera y no articula con el otro que está en contra de la carretera.  La lección que podemos sacar de ello es que el gobierno reconoce a las autoridades legítimamente reconocidas en tanto éstas están con una posición a favor de la carretera y desconoce autoridades legítimamente reconocidas en tanto éstas están en contra de la carretera.  Es más, allí donde las autoridades legítimamente reconocidas no están a favor de la posición del gobierno, se ha intentado incidir en el recambio de éstas.  Básicamente, lo que nos recomienda el Relator Especial sobre los Derechos Indígenas ante las Naciones Unidas, James Anaya, acerca de que es el pueblo y no el Estado el que decide quién los representa antela Consulta, es un elemento que no se está cumpliendo en el proceso de Consulta impulsado por el gobierno. La resolución de qué subcentrales forman parte de la Consulta y por tanto qué autoridades representan al pueblo indígena o a los pueblos indígenas, como es el caso del TIPNIS, podría haberse encarado sanamente con lo que nos recomienda el Relator Especial James Anaya, que sean los propios pueblos y no el Estado los que deciden quién los representa.  Esto es el fundamento de la libre determinación.

3. ¿Por qué la consulta no es sobre la carretera?

El Protocolo de Consulta que propone el Gobierno para hacer efectiva la Ley 222, nos propone un llenado de matrices donde se recoge las demandas de las comunidades en relación a salud, educación, deporte, servicios básicos, seguridad alimentaria, transporte y comunicación.  A parte de la primera matriz, tenemos dos matrices más que están dirigidas a identificar los criterios de salvaguarda, de planes de manejo, de desarrollo integral, de la condición de intangibilidad y, finalmente, la pregunta sobre la construcción de la de la carretera.  Como ciudadanos bolivianos nos preguntamos ¿la Consulta es sobre la construcción de la carretera o sobre las demandas y necesidades de las comunidades?.  Los temas de desarrollo integral, salud, educación, seguridad alimentaria, tienen que ver con las aspiraciones de desarrollo de las comunidades indígenas del TIPNIS y eso no forma parte de ninguna Consulta, son obligaciones del Estado boliviano con las poblaciones indígenas.

3. ¿Por qué la consulta no es un proceso legal ni legítimo?

Como lo registra la carta pública de Amnistía Internacional al Gobierno de Bolivia, la Consulta tiene un estándar nacional e internacional que no puede ser pasado por alto y que las autoridades del Gobierno boliviano tienen la obligación de garantizar un procedimiento de Consulta acorde con los tratados internacionales y la Constitución Políticadel Estado boliviano. La importancia de que una propuesta de Consulta Previa, y sobre todo su Protocolo, se guíen por los principios formulados en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, declaración ratificada por el gobierno de Evo Morales mediante la ley Nº 3760 del 7 de noviembre del 2007, radica en que el procedimiento de Consulta y su Protocolo se convertirá en un mecanismo institucional mediante el cual el Estado boliviano y los pueblos indígenas resuelven sus controversias. Los buenos procedimientos marcarán resultados de consenso, los malos procedimientos marcaran resultados impugnables.

4. ¿Por qué la Ley 222 de Consulta debe ser abrogada (eliminada)?

Si tomamos el cuidado de leer las demandas de la IX marcha observaremos que su planteamiento no es de oposición a la Consulta, no se estámarchando porque no se haga Consulta, se está marchando porque antes de la Ley222 el gobierno de Evo Morales firmó una Ley de Protección al TIPNIS que es la Ley 180, donde sedice que la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos y ninguna otra, atravesara el TIPNIS. Este es el origen de la IX marcha, el incumplimiento de los acuerdos alcanzados entre el gobierno y los pueblos indígenas que integraron la VIII marcha.  Básicamente, la Ley de Consulta 222 niega la Ley 180 de Protección al TIPNIS porque implica preguntar a lascomunidades sobre el tema de la  carretera, asunto definido en la Ley180.  ¿si la VIII marcha gozó de legitimidad porque estaban los representantes de las regionales y los comunarios del TIPNIS, por qué se desconocen los acuerdos logrados con dicha marcha legítima?

5. ¿Por qué se vulneran territorios indígenas a favor de las transnacionales?

Si las comunidades indígenas del TIPNIS son convencidas para que las áreas núcleo sean reducidas o prácticamente desaparezcan con una nueva zonificación, no solo se habrá consolidado el tramo carretero Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, sino que las concesiones petroleras que dio el gobierno de Evo Morales a Petroandina y Petrobras el 2007 en el TIPNIS, empezaran a tener legalidad para sus operaciones entre el alto Ichoa y el alto Sécure.  Es a la actividad de exploración y explotación petrolera a quién le interesa que se desarrolle infraestructura en la Zona Núcleo, pues desde ella podrá ingresar al subandino que se dirige hacia la región de chimanes y moseten para sus operaciones. Lo que está en juego en el TIPNIS no es solo una carretera que va a permitir el avance de la frontera agrícola de la producción de hoja de coca, sino también un modelo de explotación hidrocarburífera que se extiende a lo largo de la faja subandina  y que atraviesa los bloques de Madre de Dios, Rio Beni, Madidi, Chispani, Sécure y Lliquimuni.  Un modelo que pretende tomar para sí áreas protegidas y territorios indígenas que se encuentran en los andes orientales y convertirlas en regiones de producción de hidrocarburos.

6. ¿Por qué el Gobierno indígena hace una consulta (neo)colonial?

Para el diagnóstico de necesidades, aspiraciones, identificación de impactos y medidas de mitigación, han decidido adoptar técnicas provenientes de los diagnósticos rurales rápidos, que en general se caracterizan por su reduccionismo y fragmentación de la realidad. Son culturas orales, donde el habla, los gestos, ritos, son la base para la formación de los consensos en el grupo, y no pueden ser reducidos a matrices temáticas, lineales, inadecuadas para entender las complejas interacciones de las sociedades indígenas con su territorio y los imaginarios que emergen. El Protocolo evidencia la práctica (neo)colonial del estado sobre los indígenas, esta vez considerados como niños y sobre los cuales se aplica una serie de técnicas “didácticas” de provisión de información y valoración. Sin duda una forma de racismo estatal.

(con extractos de textos de lxs cc. S. Paz y C.Crespo)